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Resultados : 1 a 6 de 1486.
  

La Corte de la Nación dispuso que los jueces federales deben dejar su cargo a los 75 años
Con disidencia parcial, el máximo tribunal del país restableció el límite de edad determinado por la reforma constitucional de 1994. Los jueces que lleguen a esa edad y quieran seguir deberán obtener un nuevo decreto presidencial y acuerdo del Senado
Fuero Administrativo - Ed. 3397 - 3397 - 30/ 03 /2017
  
La CSJN ratificó la prescriptibilidad de las reparaciones en casos de lesa humanidad
Fuero Administrativo - Ed. 3397 - 3397 - 30/ 03 /2017
  
Responsabilizan a empresa de emergencia médica por daños ocasionados por error de diagnóstico
Es procedente la demanda indemnizatoria intentada contra la empresa de emergencias y médicas tratantes demandadas que asistieron a la madre del actor toda vez que se acreditó la existencia del hecho dañoso -fallecimiento del paciente- y una relación de causalidad adecuada -inmediata y necesaria respecto de la perdida de chance de curación y mediata respecto del derecho de la paciente que genera la responsabilidad de las condenadas. En el caso el error de diagnóstico no es ni supuesto ni conjetural sino cierto; y la relación de causalidad sea cual fuere su expresión, surge de la prueba pericial medica rendida en autos. Con motivo de consulta por "gripe", encontró una paciente con taquipnea, 25 respiraciones por minuto cuando lo normal es 16 a 20, es decir presentaba fatiga (disnea médicamente) y comprometido su estado de conciencia al referir que se encontraba estuporosa (es decir paciente no lúcida). Sin realizar otro procedimiento diagnóstico, lo califica de bronquitis/neuropatía, prescribiendo antibiótico amoxiclavulánico vía oral y jarabe droga ambroxol. Ante tal cuadro era esperable por parte de la médica que pensara que el trastorno cardinal que producía todo el cuadro era la hipoxia, originada en la patología respiratoria (infecciosa) que no permitía la normal oxigenación de la sangre. Todo ello de haber sido interpretado por la profesional hubiera ameritado traslado a un centro de salud a efectos de su internación, diagnóstico de certeza e implementación del tratamiento correspondiente con la premura que la situación requería y en una sala de terapia intensiva para realizar mediciones de gases en sangre, etc. Todo ello de haberlo implementado hubiera otorgado otra chance a la paciente, si se hubiera cumplido con la obligación de medios, que el experto entiende que no se cumplió
Fuero Civil - Ed. 3397 - 3397 - 30/ 03 /2017
  
Complejo Esperanza: Rechazan hábeas corpus correctivo por agravamiento de la privación de libertad Para el juez González del Solar, “no existe en la actualidad, ni se advierte como inminente, un agravamiento ilegítimo de las condiciones en las qu
Para el juez González del Solar, “no existe en la actualidad, ni se advierte como inminente, un agravamiento ilegítimo de las condiciones en las que los adolescentes cumplen la privación de libertad"
Fuero Penal - Ed. 3396 - 3396 - 29/ 03 /2017
  
Condenan a concesionaria de automotores por repetición de lo abonado en ejecución prendaria
La ley 24.240 produce un impacto en la legislación de fondo, estableciendo un régimen de responsabilidad propio. El art. 40 consagra una responsabilidad de tipo objetiva, pues el productor, fabricante, importador, etc., no podrá liberarse demostrando simplemente su ausencia de culpa. Tal como se advierte, la norma, si bien distingue cuando el daño proviene del “vicio o riesgo de la cosa” o de la “prestación del servicio”, responsabiliza a todas las personas que hayan intervenido en la cadena de comercialización. De tal modo, la norma sienta la regla según la cual la responsabilidad se aplica en forma solidaria a todos los sujetos intervinientes en la cadena de comercialización del producto o servicio, sin distinguir si se encuentran ligados o no contractualmente con el consumidor. En los contratos de ahorro para fines determinados estamos frente a una unión convencional de contratos que puede tener como finalidad una compraventa, pero que requiere de la capitalización y ahorro del grupo, de su administración, del pago a la empresa fabricante, para finalizar el proceso en la entrega de los productos de que se traten. De esta forma, la red contractual permite superar el clásico principio de la relatividad de los contratos prevista en el art. 1137 del Código Civil, y extender la responsabilidad que de aquellos se derive en forma solidaria tanto al fabricante como al distribuidor, comerciante, administrador del plan de ahorro, etcétera, es decir, a todos los que han intervenido en la cadena de comercialización, tal como lo hace el art. 40 de la ley 24.240. En el caso, Avant S.A. fue quien capturó al consumidor para la suscripción del plan de ahorro y compra del automotor, fue quien concertó el negocio jurídico con el consumidor, que luego continuó con Círculo de Inversores S.A. y Peugeot Citroën Argentina S.A; finalmente fue quien obtuvo un beneficio económico por haber pactado con el consumidor el contrato de ahorro previo, por lo que debe responder en función del art. 40 de la ley 24.240. Para la minoría, la prestación de servicio por parte de Avant S.A. no puede tildarse de deficiente por la circunstancia que otra co accionada, dentro de la relación comercial de consumo, haya promovido la ejecución prendaria, causa del reclamo indemnizatorio en el sub lite, ya que ese pleito ejecutivo excede a la prestación de servicio
Fuero Civil - Ed. 3395 - 3395 - 28/ 03 /2017
  
Condenan a resarcir daño moral y punitivo por discriminación en casino en razón de su orientación sexual
Corresponde acoger la demanda de daños y perjuicios deducida, pues el actor ha probado los insultos y el trato discriminatorio sufrido por parte de un empleado de seguridad de la demandada a raíz de su orientación sexual, lo que demuestra desajustados estereotipos de género. Los proveedores deben garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios, debiendo abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. La orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por ello ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual
Fuero Civil - Ed. 3393 - 3393 - 23/ 03 /2017
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