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Condenan al Municipio de Paraná por remunerar mejor a un juez interino que a otro designado por concurso
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Paraná admitió la demanda interpuesta por un Juez de Faltas de la ciudad, que ocupa su cargo por concurso desde 2011 y reclamó que el Departamento Ejecutivo Municipal le asignó una remuneración mayor a otra jueza designada en 2012 en forma interina. El Tribunal anuló la decisión estatal, a la que calificó de “desigualitaria e ilegítima”, y condenó a la Municipalidad a abonar el mismo salario al demandante, además de pagarle las diferencias salariales con intereses, y los aportes de ley. En el marco de la causa “Siede, Amado Emilio c/Municipalidad de Paraná s/Contencioso Administrativo”, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná hizo lugar a la demanda del titular del Juzgado de Faltas Nº 1 de la Municipalidad de la ciudad
Fuero Administrativo - Ed. 3416 - 3416 - 28/ 04 /2017
  
En virtud del CCyC la prescripción tributaria se determina por el Código Tributario Provincial
La aplicación del dies a quo conforme las disposiciones de la ley tributaria establecida por la legislación provincial no importa una violación de norma constitucional alguna a tenor de la interpretación que el nuevo CCyC ha establecido con relación a la anterior discusión constitucional que se diera respecto a la facultad de las provincias para legislar sobre la prescripción de los tributos locales. El actual ordenamiento dispone en el art. 2532 lo siguiente: “En ausencia de disposiciones específicas, las normas de este Capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de los tributos”. Esta última parte del dispositivo fue introducida por el Congreso Nacional respondiendo al reclamo de la Corte en la causa “Casmma”, donde la jueza Carmen M. Argibay requería del Congreso precisión legislativa con entidad para modificar la jurisprudencia que tenía fijada la Corte Suprema con relación a la interpretación constitucional del tema. Así, se brindó respuesta institucional, sin limitaciones, sobre la cuestión atinente a la facultad legislativa de los Estados locales en materia de prescripción impositiva (en la esfera de los tributos que las provincias se reservaron conforme la Constitución Nacional). En consecuencia, en virtud del modo en que se ha legislado la prescripción en materia tributaria, la existencia de un “derecho común” o “derecho de fondo” aplicable a todo tipo de relaciones -de naturaleza pública o privada- ya no puede ser el fundamento para detraer a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Bs. As. potestades normativas que, a la luz de la definición dada por el legislador nacional, ya no puede dudarse de que no han sido delegadas al Gobierno Federal en los términos del art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional. Con esta nueva situación legal, ninguna discusión pende sobre la facultad de los Estados locales con relación al dictado de la legislación en materia de prescripción tributaria, tanto en lo atinente a la fijación de los plazos como también en relación al cómputo de los mismos y a la suspensión e interrupción del curso de la prescripción. Porque el art. 2532 comprende todos los aspectos regulados en el mismo capítulo y no sólo la cuestión temporal que tiene su norma específica en el art. 2560
Fuero Civil - Ed. 3416 - 3416 - 28/ 04 /2017
  
Pese a nulidad de testamento por escritura pública rechazan responsabilidad del escribano
Cuando enfrentamos una escritura pública, debemos distinguir "continente" y "contenido"; pues en ella hay un acto fruto de la voluntad de las partes (acto instrumentado), que para expresarla recurren al notario que lo dota de una forma (acto instrumental). Cuando el pedido de nulidad de la escritura se funda en la existencia de vicios en el “contenido” del acto (no un vicio “instrumental”), si bien en algunos casos puede verse comprometida la responsabilidad del escribano; en otros suele ser totalmente ajeno a esos vicios. Aquí ya no están en juego los intereses de orden público que tienden a garantizar la autenticidad de las escrituras, sino que se están discutiendo intereses privados de las partes, ajenos, en la mayoría de los casos, a la actuación profesional del autorizante del instrumento. En el caso, la incapacidad de la testadora ha quedado probada por lo que el acto testamentario deviene nulo. Por ello deviene relevante determinar si la incapacidad era conocida por el escribano, pues solo en este supuesto cabe achacarle responsabilidad. Pero en el caso no se encuentra alegado ni probado en autos, el conocimiento del escribano de la incapacidad por debilidad mental que justificó la declaración de nulidad de la escritura que nos ocupa. Tampoco luce demostrado que la minusvalía en el discernimiento fuera notoria o evidente a simple vista por lo que no se justificaba requerir un certificado médico a la testadora; más aún cuando el Escribano la conocía con anterioridad y ya había testado válidamente. Siendo ello así, al no estar comprometidos tales aspectos de su labor con la nulidad declarada, la invalidez del testamento resulta ajena a su responsabilidad
Fuero Civil - Ed. 3415 - 3415 - 27/ 04 /2017
  
Limitan morigeración de multa por retención del expediente
Partiendo de la naturaleza punitiva que tiene el art. 74 CPC, resulta aplicable lo dispuesto por el art. 794 del CCyC, que autoriza al juzgador -conforme al valor de las prestaciones y las demás circunstancias que rodeen al caso-a reducir las penas cuando su monto es desproporcionado respecto de la gravedad de la falta que sanciona, con miras a impedir que en el resultado se concrete un abuso del derecho. Es que la equidad como principio rector en la búsqueda de una solución justa, no consiente una interpretación literal de las normas que convalide situaciones desmedidas y fuera de toda correspondencia con la finalidad que se persigue; la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. En efecto, los supuestos del art. 74 de CPCC en cuanto a la cuantificación de multa por retención indebida del expediente, deben ser valorados según los principios de razonabilidad, justicia, y equidad, en orden a evitar un uso abusivo de la sanción, que la desvíe de la finalidad tenida en mente por el legislador local y –consecuentemente- de la buena fe, la moral y las buenas costumbres (art. 10 del CCyC), ya sea por exceso o por defecto. Para evitar caer en conductas abusivas y desproporcionadas, corresponde considerar la envergadura del litigio, la entidad de la demora y sus consecuencias en la marcha de la litis para determinar la racionalidad de la cuantificación propuesta por la norma del art. 74 del CPCC. En el caso, siendo que el crédito histórico del juicio ($ 14.100), actualizado a la fecha de la Resolución impugnada asciende a $ 26.450,53 y que el quantum previsto por el art. 74 ib. arroja una suma de $ 46.292,34 (computando el plazo no en días corridos sino en días hábiles), la suma establecida por el Juez de primera instancia ($ 1000,00), resulta exigua. La desmesurada reducción practicada en la anterior instancia, conllevaría a que la multa por retención indebida del expediente adolezca de fuerza conminativa. Por ello se estima equitativo y razonable (arts. 3 y 10 C.C. y C) elevar el importe de la multa a la suma de $ 7715,39
Fuero Civil - Ed. 3414 - 3414 - 26/ 04 /2017
  
La CSJN declara nulidad de cláusula en contrato de caja de ahorro que imponen costos de mantenimiento
Corresponde -en razón de una acción de incidencia colectiva- establecer la nulidad de las cláusulas que impongan costos de mantenimiento de cuenta en los contratos de caja de ahorro, que por su valor que puedan consumir no solo la tasa de interés que ofrece la entidad, sino también el capital depositado por el ahorrista, ya que provocan la desnaturalización de la economía del contrato, desvirtúa la finalidad para el cual aquel ha sido concebido y afecta la capacidad de ahorro de los ciudadanos de indudable interés general. El CCyC incorpora, en el Capítulo 12, una serie de principios y reglasen materia de contratos bancarios, orientados a la protección delos consumidores y usuarios de servicios financieros, donde se dispone, entre otras estipulaciones, que en ningún caso pueden cargarse comisiones o costos por servicios no prestados efectivamente y que las cláusulas relativas a costos a cargo del consumidor que no están incluidas o que están incluidas incorrectamente en el costo financiero total publicitado o incorporado al documento contractual, se tienen por no escritas. Cabe afirmar que frente al orden público contractual que impera en la materia consumeril, las cláusulas abusivas no pueden ser materia de una renuncia anticipada, ni cabe considerarlas subsanadas por una suerte de consentimiento tácito del consumidor, es más, deben tenérselas por no convenidas, lo que trae como consecuencia que ni siquiera la anuencia expresa pueda validarlas. La aprobación por parte del Banco Central del cobro de la comisión cuestionada (Comunicaciones A3042 Y A3336) y la eventual falta oportuna de impugnación de tal normativa, no obsta a su control judicial, pues ello no permite por sí descartar la abusividad alegada (art. 1122 del CCyC)
Fuero Civil - Ed. 3413 - 3413 - 25/ 04 /2017
  
El TSJ rechaza competencia civil para repetición de impuestos que se reputan inconstitucionales
En el supuesto especial de que exista pago voluntario del impuesto y sólo se cuestione la constitucionalidad de la normativa que le da sustento (es decir cuando su cancelación no hubiera sido consecuencia de un requerimiento de la Administración), la acción de repetición corresponde que sea incoada ante el fuero civil y comercial, en función de la Ley Nº 9024 y art. 115 del C.T.P (TSJ, Sala CyC “Dairy”). En supuestos en donde existiere un pago voluntario y luego se requiera su repetición en función de cuestionar la constitucionalidad de la normativa que le da sustento, se está atacando un acto legisferante de carácter general. Ergo, no puede afirmarse que para determinar su procedencia haya que investigar y analizar -directamente- la legitimidad o ilegitimidad del obrar de la Administración, desde que en la relación jurídica opugnada, el Estado Municipal no se asumió como autoridad frente al administrado, sino que ejerció la potestad tributaria que le es propia (arts. 186 inc. 3 y 188 inc. 1 Const. Prov.). En situación así, entonces, se impone la competencia común en detrimento de la especial. No obstante esa doctrina deviene inaplicable en el caso. Ello es así por cuanto previo a que se iniciara la demanda ordinaria de repetición y de inconstitucionalidad, la actora interpuso acción de plena jurisdicción ante el fuero contencioso administrativo, atancando el acto administrativo de determinación de oficio de la obligación tributaria. No obstante, esa pretensión fue rechazada –mediante resolución firme- por haber sido interpuesta fuera del plazo legal acordado (art. 8, Ley 7182). Por tanto, habiéndose frustrado la vía contencioso administrativa, devino firme el acto administrativo de determinación de deuda, circunstancia ésta que definitivamente se erige en un valladar infranqueable a fin de que intervenga un magistrado civil en la ulterior repetición. Ello así ya que el acogimiento de la pretensión aquí formulada requeriría inexcusablemente que el juez civil dejara sin efecto el acto administrativo dictado por el Municipio, sin lo cual no podría condenar a restituir los importes adeudados aún cuando considerásemos inválida la normativa que la sustenta. Pero el contralor jurisdiccional y la eventual anulación de esa resolución incumbe exclusivamente a los jueces del fuero contencioso-administrativo y no a los jueces civiles, en atención al carácter administrativo que ese acto ostenta
Fuero Civil - Ed. 3412 - 3412 - 24/ 04 /2017
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