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Resultados : 1 a 6 de 1872.
  

Invalidan ejecución fiscal por notificarse al domicilio tributario y no al real
La definición del domicilio tributario del art. 32 del C.T.M. guarda estrecha relación con la noción de domicilio real que prevé el art. 73 del CCyC. Ambas disposiciones aluden a la residencia habitual de la persona humana como forma de determinar su domicilio. Este elemento objetivo de la residencia va unido a la intención de permanecer en el lugar y constituir allí el centro de las relaciones jurídicas aunque el designio no lo sea para siempre o por tiempo indefinido. La necesidad de la intención surge del art. 77 del CCyC. El cambio de domicilio resulta del dato objetivo del traslado de la residencia de un lugar a otro con ánimo de permanecer en ella. De allí se colige que, para el C.T.M., el concepto de domicilio tributario es -en relación a las personas humanas- equivalente al domicilio real del art. 73 del CCyC, esto es, el lugar de su residencia habitual. El Fisco debe -para ejercer sus atribuciones en orden a la recaudación de los impuestos- extremar los recaudos y diligencias necesarias para garantizar que las notificaciones sean cursadas al verdadero domicilio tributario del deudor. En el caso no se trata de una disputa entre el “domicilio fiscal vs domicilio real” sino de desentrañar el verdadero sentido que el art. 32 del C.T.M. (Ley 10.363. TO 2007) pretende darle al domicilio tributario a los efectos de la notificación a los contribuyentes de la existencia de un juicio en su contra. Para la minoría, si el demandado mudó su domicilio, le pesaba la obligación estatuida por el art. 44 del C.T.P. de comunicar cualquier cambio de domicilio dentro de los quince días de efectuado, quedando obligada la Dirección a tener en cuenta el cambio comunicado, únicamente si la modificación fuera informada de la manera establecida, o de cualquier manera, con tal que el ejecutado pueda demostrar en la litis que la notificación cursada era errónea al domicilio denunciado, nada de lo cual sucedió en el caso
Fuero Civil - Ed. 3636 - 3636 - 24/ 04 /2018
  
Condena a resarcir el daño moral derivado de denuncia a perito judicial ante el Tribunal de Ética deontológico
La antijuridicidad de la expresión injuriosa que lesiona el honor no exige la falsedad del contenido, sino basta el modo en que son realizadas, es decir, el carácter lesivo de los términos utilizados. Éstos deben ser valorados más allá de su significado literal, ponderando los usos y costumbres a su respecto y el contexto en el que son expresados; y que no se requiere una intensión de lesionar. En el caso, el tipo de proceso (denuncia ante tribunal de ética) en el cual fueron vertidas las expresiones bajo anatema resulta dirimente. Es que el Código Ético de medicina, en su Título XIV, establece las pautas deontológicas que el médico debe observar cuando actúa como perito, y dispone en su art. 89: “El médico, cuando deba actuar como Perito, procederá con toda ecuanimidad, evitando la distorsión, aún involuntaria, de la verdad y aplicará con el mayor rigor sus conocimientos científicos. Cuando no se sienta capacitado para actuar así, deberá inhibirse.” De allí que los términos “disparate”, “temerario” y “caprichoso”, en el contexto propinado –un proceso por falta a la ética- revisten una connotación más allá que la dada trivialmente. Lo que se reprocha no es sindicar a una persona como infractor de las normas de la ética y someterlo a un proceso deontológico, pues ello llevaría al sofisma de que toda persona que inicia un procedimiento de tal índole sería pasible de una condena por daño moral, sino –contrariamente- lo que resulta antijurídico, en el caso, es el exceso en el derecho a denunciar por el uso de expresiones humillantes. En el contexto de un proceso deontológico, los términos señalados resultan innecesariamente agraviantes, de lo que se colige el abuso del derecho
Fuero Civil - Ed. 3635 - 3635 - 23/ 04 /2018
  
El TSJ reconoce legitimación a letrado apartado del juicio para interponer perención de instancia
El art. 18, 1° par., de la ley 9459, expresamente otorga al abogado que se ha desvinculado del juicio, legitimación para intervenir como tercero en el desenvolvimiento ulterior del mismo a los fines de resguardar su derecho de honorarios (tercero coadyuvante o adhesivo simple captada en términos generales en el inc. 1° del art. 432 del C. de P.C). Puesto que en virtud del interés que tiene en el triunfo de una de las partes la ley expresamente lo faculta a intervenir en el desenvolvimiento del juicio, el profesional se convierte en una suerte de litisconsorte auxiliar que se agrega al litigante principal y, por consiguiente, debe considerárselo investido de los derechos y facultades inherentes a la parte, pudiendo cumplir en tal carácter los actos procesales conducentes a la defensa de los derechos cuyo reconocimiento jurisdiccional redundará, a su vez, en su propio beneficio. Así las cosas y ante una situación de perención de que pudiera estar afectada la instancia merced a la inmovilidad de las partes fundamentales durante el plazo previsto por la ley, el abogado podrá entonces pedir la declaración judicial de caducidad. El precepto está concebido para proteger los derechos de los abogados a una justa retribución por sus trabajos profesionales, y al entenderse que poseen legitimación para hacer valer la perención de la instancia se decide precisamente en función de la finalidad que persigue la regla legal. Por otro lado es necesario observar que la norma, después de autorizar al abogado a intervenir como tercero interesado en tutela de sus derechos de honorarios, alude específicamente al derecho que el mismo tiene a la regulación adicional de acuerdo con el resultado del juicio. Es que al margen de la regulación provisoria que pudiera haber peticionado en los términos del art. 11, el profesional conserva siempre el derecho a obtener una regulación complementaria y definitiva que sea adecuada a los resultados finales del pleito. Y es evidente que para poder acceder a ella deben reconocérsele -como medio necesario al efecto- las facultades de promover la culminación de la causa y de que esta culminación sea favorable a los derechos de la parte que fue su cliente, incluyéndose entre estas facultades la de acusar la perención de la instancia si los litigantes abandonan el trámite durante los plazos prevenidos por la ley.
Fuero Civil - Ed. 3634 - 3634 - 20/ 04 /2018
  
La CSJN revoca resolución que declaraba inconstitucional la revocación de la exención de IVA para Festival de la Doma
Corresponde revocar la sentencia que hizo lugar a la acción declarativa de certeza y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad del conjunto normativo que había dejado sin efecto, entre otras, la exención en la ley del impuesto al valor agregado a los espectáculos y reuniones de carácter artístico por los ingresos para el acceso a los mismos, toda vez que la actora no ha podido demostrar que sus derechos se encuentren afectados de tal forma que se configure un caso o controversia que la jurisdicción deba esclarecer, pues si bien sostuvo que le causaba lesión el mero hecho de poder ser sometida a una fiscalización del Fisco Nacional, no es menos cierto que presentó las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado, calificando como no gravados los ingresos que constituyen la contraprestación de los espectáculos que organiza, sin que el organismo fiscal haya impugnado esas declaraciones. Tampoco ha acreditado la actora que, de tener que pagar el tributo, le sea imposible trasladar dicho costo al precio de las entradas ni que pudiera existir una merma del público concurrente a los espectáculos por ella organizados de tener que efectuar dicha traslación. Para la minoría corresponde confirmar la sentencia apelada, pues resulta claro que ni el Poder Legislativo podía delegar en el Ejecutivo la facultad de eliminar exenciones -menos aun con la amplitud que lo hizo- ni este último podía dictar reglamentos en uso de tal atribución disponiendo la inclusión en el impuesto al valor agregado de sujetos hasta entonces exentos, sin vulnerar el principio constitucional de legalidad en materia tributaria. Ese valladar inconmovible que supone el principio de reserva de ley en materia tributaria no cede en caso de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa previsto por el art. 76 de la CN.
Fuero Civil - Ed. 3633 - 3633 - 19/ 04 /2018
  
Rechazan homologación de transacción por falta de intervención de abogado
El supuesto particular de la transacción sobre derechos litigiosos, para que las convenciones recíprocas adquieran el efecto de cosa juzgada, el nuevo Código exige su presentación en el proceso (1643). Es decir, si recae sobre derechos litigiosos, sólo es eficaz a partir de la presentación del instrumento firmado por los interesados ante el juez en que tramita la causa. Mientras el instrumento no sea presentado, las partes pueden desistir de ella. En el caso especial de derechos litigiosos, la exigencia de presentación hace al perfeccionamiento del negocio jurídico, pero no a su validez, pues antes de que esa condición de eficacia se cumpla, el acto es regular pero incompleto. Los contratantes pueden desistir de la transacción hasta el momento en que sea presentada en el juicio respectivo. Una vez presentado, el contrato produce plenamente sus efectos entre partes, desde la fecha en que se celebró el acuerdo; y frente a terceros, desde que el documento adquiera fecha cierta. Ahora bien, la norma en cuestión no exige que la presentación de la transacción en juicio sea realizado por ambas partes, razón por que no cabe obligarlas a hacerlo conjuntamente (arg. art. 19 de la CN). No obstante, habiéndose celebrado la transacción mediante instrumento privado, para otorgarle eficacia probatoria, la Ley de rito prescribe su sustanciación (arts. 243 y 248 del CPCC), pues dicho procedimiento garantiza el derecho de defensa de la contraria. Y como toda actuación procesal, debe efectuarse con asistencia técnica, en virtud de estar en juego el derecho de defensa en juicio y lo dispuesto –en consecuencia- por los arts. 80, 82 y concordantes del CPCC
Fuero Civil - Ed. 3632 - 3632 - 18/ 04 /2018
  
Rechazan sobreseimiento de imputados por asociación ilícita fiscal que regularizaron obligaciones impositivas y previsionales bajo el régimen de la ley 27260 para lograr la extinción de la acción penal
Fuero Penal - Ed. 3632 - 3632 - 18/ 04 /2018
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