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Resultados : 1 a 6 de 2283.
  

Hacen lugar a una acción por “mobbing” iniciada por una agente contratada en la Administración Pública Nacional
Fuero Administrativo - Ed. 3856 - 3856 - 25/ 04 /2019
  
Revocan resolución que para determinar daño por incapacidad utilizó la fórmula Vuoto
Debe revocarse parcialmente la sentencia impugnada en cuanto a la determinación del importe de la indemnización de daños y perjuicios, pues en la fórmula usada no se han considerado variables que, aunque harto difíciles de cuantificar, no debieron ser preteridas en el afán de reducir a algoritmos la determinación del resarcimiento; así, datos como la edad de la víctima, la sumatoria de sus salarios y el grado de su incapacidad deben computarse junto a otras circunstancias vitales (educación, trayectoria y proyecto de vida, situación familiar, etc.), de manera tal que la indemnización que se fije cumpla acabadamente con la exigencia de ser una reparación integral. Nada impide que se utilicen cálculos matemáticos o tablas actuariales como una orientación, pero ello debe hacerse teniendo en cuenta que los jueces no están constreñidos a la aplicación de fórmula alguna en su tarea de fijar una condigna indemnización del daño que fuera irrogado; mucho menos cuando con su utilización se pretende -como si constituyera un ideal- una exhibición de pureza racional y de asepsia valorativa, o -lo que sería peor- cuando con ello se intenta escamotear la tarea de juzgar realmente la conducta de los hombres o de escapar a las responsabilidades que ello implica. Para la minoría, la determinación del quantum indemnizatorio en los supuestos en los que se reclama por vía del derecho común, constituye por regla una cuestión privativa de los jueces de la instancia ordinaria, ajena al ámbito de la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo y la consecuente infracción de las normas que rigen la reparación integral
Fuero Laboral - Ed. 3856 - 3856 - 25/ 04 /2019
  
Admiten oponibilidad de la franquicia al conductor del colectivo que provocó el accidente
Las consideraciones expuestas tanto por la CSJN y nuestro TSJ en relación a la oponibilidad de la franquicia a la víctima son completamente extensibles para argumentar la oponibilidad de la franquicia a quien es empleado de la empresa de transporte, y específicamente al conductor, que en la propia póliza se lo categoriza como asegurado. El principio “in dubio pro consumidor” rige cuando existe una duda, circunstancia que no se configura cuando el co-demandado es empleado de la empresa de transporte, y como tal ambos son asegurados ante la compañía sin que puedan calificarse como consumidores. Además, el principio más favorable al consumidor rige una vez que ya se encuentra configurada la relación de consumo (arts. 1, 2 y 3 de la LDC), cuando se plantea una duda a fin de la interpretación de la normativa tuitiva, o de la integración de ésta con otras normas, o incluso para valorar el material probatorio, pero no para calificar al sujeto consumidor. La situación del conductor se diferencia de manera absoluta de la del beneficiario del seguro, destinatario final del servicio contratado, pues por el contrario, el chofer es empleado de la empresa de transporte y asegurado, y por ende se ubica en idéntica posición a la de la empresa de transporte. Del art. 1 de la LDC que define al consumidor, se sigue que el chofer al no haber contratado el servicio por él mismo, no puede ser calificado de consumidor directo; tampoco engasta en las nociones de consumidor indirecto ni expuesto: pues no hay relación de consumo entre proveedores (empresa de transporte y empresa aseguradora) que permita determinar tales categorías. En consecuencia, al no existir consumidor y por ende tampoco relación de consumo, no es posible ni se justifica aplicar a la causa el régimen tuitivo de defensa del consumidor
Fuero Civil - Ed. 3855 - 3855 - 24/ 04 /2019
  
Rechazan recurso contra una resolución de la UNC que dejó sin efecto un concurso docente de la Facultad de Derecho
Fuero Administrativo - Ed. 3855 - 3855 - 24/ 04 /2019
  
Establecen como proceso colectivo un amparo presentado por usuarios del transporte público
Mediante la acción se impugnó normativa municipal que dispuso un aumento del 12 por ciento del precio del boleto de transporte público a partir de junio del año 2018
Fuero Administrativo - Ed. 3855 - 3855 - 24/ 04 /2019
  
Como mandato preventivo ordenan que la IGJN tome medidas para evitar maniobras con planes de ahorro
El mandato preventivo o de prevención constituye una de las herramientas procesales fundamentales para la prevención del daño. Se trata de una orden judicial, generalmente oficiosa y dictada en la sentencia definitiva en la que el juez, ante la comprobación del daño o de su amenaza, adopta medidas para evitar, hacer cesar o impedir el daño futuro o su agravamiento o extensión, dirigida a alguna de las partes o a terceros, particularmente al poder administrador (arts. 1710 a 1713, CCyC). En definitiva, el CCC pone en cabeza del magistrado, de manera expresa, funciones preventivas de eventuales daños, las que considero deben ser ejercidas aun de oficio a través de mandatos preventivos como el que en el presente se postula. En el caso, la demandada es una sociedad que no se encuentra inscripta ni autorizada ante la Inspección General de Justicia para funcionar ni como círculo cerrado, ni como círculo abierto, ni como sociedad de capitalización. Pese a ello, Autoinversiones realiza esta actividad comercial, captando el ahorro público de las personas, desde el año 2011. Además, se acreditó la existencia de idénticos incumplimientos por la empresa en cuestión que motivaron el inicio de diversos juicios en su contra en esta jurisdicción, antecedentes que acredita un patrón de conducta de incumplimiento al deber de información y a sus deberes contractuales y derivados de la Ley de Defensa del Consumidor, que imponen la adopción de una medida urgente para evitar el agravamiento de estas situaciones y la comisión de nuevas infracciones a la ley. Por ello, corresponde poner en conocimiento de la presente y remitir los antecedentes a la Inspección General de Justicia de la Nación, a fin que tome las medidas conducentes para impedir que la empresa demandada siga realizando operaciones de captación de ahorros de particulares con la promesa de adquisición, adjudicación o entrega de bienes y beneficios futuros, sin estar previamente autorizada ni cumplir con los requisitos legales
Fuero Civil - Ed. 3854 - 3854 - 23/ 04 /2019
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