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Disminuyen la cuota alimentaria que debía pagar una abuela paterna que tiene 75 años
El juez Tavip consideró que, en estos casos, deben equilibrarse los intereses de dos personas que pertenecen a grupos vulnerables: la nieta y la abuela, en su calidad de adulta mayor
Fuero de Familia - Ed. 4245 - 4245 - 30/ 12 /2020
  
La diferencia de edad entre menor y aspirante a la guarda no es obstáculo para la adopción
Es procedente dejar sin efecto la sentencia de la Cámara de Apelaciones en cuanto revocó la de primera instancia que había seleccionado a la recurrente como aspirante a la guarda con fines de adopción, pues no se encuentra controvertido que la aspirante reúne las condiciones personales, morales y económicas adecuadas que se requieren para el otorgamiento de la guarda, aunque su elección fue objetada con base en la brecha generacional (59 años) existente con la niña, pese a que los informes de los distintos profesionales son claros en cuanto a que la diferencia etaria no resulta un obstáculo en atención a las condiciones personales de la aspirante a la guarda y que el superior interés de la niña se encuentra debidamente resguardado con la elección. No existe disposición legal en nuestro ordenamiento jurídico que fije una edad máxima para ser adoptante, o establezca una brecha etaria límite. Las pautas enumeradas en el art. 613 CCyC para la selección del guardador con fines de adopción no son taxativas y deben ser evaluadas en conjunto en cada caso particular
Fuero de Familia - Ed. 4245 - 4245 - 30/ 12 /2020
  
Según el TSJ procede la integración oficiosa del pagaré por aplicación de la Ley de Defensa Del Consumidor
Cuando en el marco de la ejecución de un pagaré entre obligados directos, se encuentren reunidas las condiciones para presumir que el instrumento ha sido creado con motivo de una relación de consumo el juez deberá, en la providencia que despacha la ejecución, requerir al ejecutante que previo a la citación de comparendo y remate, proceda a integrar el título con los documentos que reflejen los términos de la contratación que originó su libramiento, a los efectos de evaluar el cumplimiento del deber de información y de las condiciones que exige el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Todo ello, sin perjuicio del derecho del ejecutado de articular las defensas, incluso las centradas en el mencionado art. 36, tendientes a neutralizar la procedencia de la acción. Esta solución que se nutre de los valores y principios constitucionales, armoniza los regímenes sustanciales y procesales en pugna, garantiza el derecho de defensa en juicio por parte de ambos contendientes, y confiere al juez las herramientas que le permitirán discernir si el documento que dio origen a la ejecución encuadra o no en una relación de consumo y, en caso afirmativo, si satisface las exigencias del régimen protectorio. En el desempeño de esa tarea, el Magistrado interviniente tiene amplias facultades para revisar el cumplimiento del deber de información consagrado en el referido estatuto y, a tenor de lo previsto en el art. 37 del mismo cuerpo normativo, podrá incluso tener por no convenida la cláusula que fije intereses compensatorios, moratorios o punitorios excesivos, en tanto importe una desnaturalización de las obligaciones a cargo del usuario de servicios financieros; debiendo en tal hipótesis proceder a la integración del contrato. La tutela al consumidor, por la naturaleza de los intereses en crisis y por este explícito imperativo supremo, reclama de tecnologías procesales que sepan dar cuidado a realidades que no encuentran remedio en los sistemas procesales tradicionales, lo que se traduce en la necesidad de dar respuesta a los reclamos del consumidor en tiempo, modo y condiciones de acceso que no desnaturalicen la agravada protección que merecen estos derechos
Fuero Civil - Ed. 4244 - 4244 - 28/ 12 /2020
  
Según el TSJ a fin de determinar la tasa de justicia en juicio de escrituración no deben incluirse las mejoras posteriores al boleto
Es cierto que del tenor literal de la Ley impositiva anual no surge consideración alguna en torno a las alteraciones materiales que pudiera haber experimentado el inmueble durante el tiempo transcurrido entre la suscripción del instrumento privado y la iniciación del juicio de escrituración. En efecto, el precepto se limita a establecer que debe tenerse en cuenta la base imponible “vigente al momento de la exigibilidad del tributo”, es decir, al tiempo del requerimiento de la actuación judicial. Sin embargo, también es real que la literalidad del precepto no autoriza a concluir –de modo necesario- que deban considerarse en la valuación las mejoras introducidas por el demandado con posterioridad a la celebración del contrato de compraventa. En tanto el análisis de las palabras del precepto no permite arribar a una conclusión en torno a la cuestión a decidir, se vuelve ineludible recurrir a otros criterios de interpretación (art. 2, CCCN). Desde la perspectiva de la finalidad de la norma, dado que la tasa es una retribución por el servicio de justicia cuya prestación se requiere, es decir, está vinculada a la actividad jurisdiccional que se particulariza en relación al actor, resulta evidente que la determinación de su monto debe guardar estricta relación con la pretensión vehiculizada en la demanda. El juicio de escrituración tiene como propósito lograr el cumplimiento de un contrato de compraventa. Si el objeto de éste fue un terreno sin edificación, no parece razonable que a los fines de la determinación del valor “del proceso judicial” se incluyan las mejoras introducidas por el demandado con posterioridad al contrato, puesto que éstas no conformaron el objeto del acuerdo de voluntades cuyo incumplimiento dio lugar al inicio del juicio. A igual conclusión conduce la consideración de un criterio axiológico de insoslayable ponderación: si quien introdujo las mejoras con posterioridad a la celebración del contrato de compraventa fue el demandado, cuya posible renuencia a formalizar la Escritura Pública habría obligado a la actora a iniciar un proceso judicial, resulta injusto que esta última se vea exigida a abonar una tasa de justicia determinada según parámetros ajenos al objeto de su pretensión y que encuentran su causa en actividades materiales desplegadas sobre el inmueble por el propio demandado que habría incumplido una obligación a su cargo
Fuero Civil - Ed. 4243 - 4243 - 28/ 12 /2020
  
Atribuyen cuidado unilateral al padre por la conducta obstaculizante de la madre
Se encuentra acreditado, sin hesitar, el peligro en la demora, la disfuncionalidad en la manera de relacionarse de los adultos entre ellos y la realidad de los niños quienes se encuentran altamente expuestos y en riesgo concreto, lo que repercute de manera totalmente negativa en su desarrollo psico-físico. Ello amerita, por parte de los operadores del sistema y de esta magistrada. la toma inmediata de decisiones a fin de garantizarles sus derechos los que, prima facie, hoy aparecen cercenados por su madre, cuando de lo que se trata es que su niñez e infancia sean las correspondientes para su edad con el fin de hacerlos felices
Fuero de Familia - Ed. 4243 - 4243 - 28/ 12 /2020
  
Rechazan aplicación de tasa de interés pura a obligación contraída en moneda extranjera
Corresponde desestimar el pedido de aplicación de una tasa de interés puro, pues la prestación establecida en moneda extranjera debe equipararse a la propia de una obligación dineraria, ya que el régimen jurídico aplicable así lo establece, por lo que se encuentra alcanzada por la doctrina legal sentada en los casos ´Cabrera´ y ´Trofe´ que debe referirse al régimen de depósitos bancarios en dólares del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que asigna una alícuota vinculada con el valor de esa divisa, que guarda una entidad suficiente para mantener la incolumidad del capital. Ni aun tratándose de la estimación de una deuda de valor expresada en una moneda sin curso legal como lo contempla la segunda parte del art. 772 del CCyC podría de ordinario acudirse a la tasa pura del 6% anual a la que aluden los precedentes en ´Vera´ y ´Nidera´ , pues el establecimiento de esa alícuota tuvo en consideración la circunstancia dirimente de su fijación en moneda de curso legal en la República. En el recurso no se demuestra el error en que habría incurrido el Tribunal de Alzada al liquidar los intereses según la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de la Buenos Aires para depósitos en dólares estadounidenses, como tampoco la desproporción lesiva que en el presente caso generaría o pudiere causar la estipulación de dicha tasa bancaria
Fuero Civil - Ed. 4242 - 4242 - 23/ 12 /2020
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