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Pese a la retractación de la víctima, condenan a un hombre por tentativa de femicidio
Para el tribunal, el intento de desincriminar al imputado constituyó inequívoca manifestación de la violencia de género
Fuero Penal - Ed. 3435 - 3435 - 29/ 05 /2017
  
Condenan a letrado a resarcir el daño moral provocado a magistrado por denuncia ante el Concejo de la Magistratura
Corresponde responsabilizar a la abogada demandada por daños y perjuicios, en cuanto atribuyó con detalles de tiempo y lugar a la jueza actora delitos de acción pública ante un órgano no competente, ya que no ha probado la verdad de la imputación y que lo ha hecho con ligereza en referencia especialmente a la alegada intención delictual de la actora al desestimar los pedidos de reajuste de varios jubilados, pues, quedo configurado el delito civil de calumnia previsto por el art. 1089 del CCiv. Una cosa es imputar a una jueza un manifiesto desconocimiento del derecho basada en la causal de mal desempeño -lo cual autoriza eventualmente la exención de responsabilidad civil por una disímil interpretación del sistema normativo aplicable a las circunstancias de la causa- y otra, muy distinta, es atribuir ligeramente a esa misma magistrada una intención delictual sin haber aportado siquiera una prueba en el proceso ante el órgano político ni en el expediente civil; máxime si la demandada no inició causa penal según lo autoriza la Ley 25.320 de la que pudiera surgir algún fundamento para liberarla de alguna de las imputaciones. La ausencia de desarrollo de un proceso penal del cual podrían extraerse elementos para descartar la culpa -grosera o no- es un elemento a considerar en relación a la liviandad de los delitos que una letrada atribuyó a una jueza, por lo que debe encuadrarse como calumnia culposa que en el orden de los ilícitos civiles se ha admitido reiteradamente sin que sea necesario la prueba del dolo ante la existencia de culpa grave o grosera
Fuero Civil - Ed. 3435 - 3435 - 29/ 05 /2017
  
La CSJN revocó declaración de inconstitucionalidad de privación de la patria potestad a condenado a prisión
Corresponde dejar parcialmente sin efecto la sentencia apelada en cuanto declaró la inconstitucionalidad de la segunda y tercera disposición del art. 12 del CPen., en la medida que, tratándose de en acto de suma gravedad que debe ser considerado la ultima ratio del orden jurídico, los argumentos esgrimidos por el a quo en modo alguno logran poner de manifiesto que las consecuencias legales impuestas a los condenados a penas privativas de la libertad superiores a tres años- privación de la patria potestad, de la administración de los bienes y del derecho de disposición, y sujeción al régimen de curatela establecido por el ordenamiento civil para los incapaces- puedan ser calificadas como un trato inhumano o contrario a la dignidad del hombre. Aún cuando al momento del dictado de la sentencia el Código Civil y Comercial de la Nación todavía no había entrado en vigencia, resulta oportuno destacar que el texto del nuevo ordenamiento civil revela la subsistencia de la decisión legislativa a favor de asignar efectos a la regla del art. 12 del CPen., pues al regular las restricciones al ejercicio de los derechos y deberes del progenitor condenado, la nueva normativa establece, en análogo sentido que el art. 309 derogado, que el ejercicio de la responsabilidad parental queda suspendido mientras dure el plazo de la condena a reclusión o prisión por más de tres años - art. 702 inc. B , CCivCom. La reforma legislativa del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación tiene entre sus finalidades primordiales propender a la adecuación de las disposiciones del derecho privado a los principios constitucionales y, en particular, a los tratados de derechos humanos y derechos reconocidos en el bloque de constitucionalidad, lo cual necesariamente incluye tanto las disposiciones en materia de restricciones a la capacidad como la mejor protección del interés superior del niño
Fuero Penal - Ed. 3434 - 3434 - 26/ 05 /2017
  
Ordenan juzgar nuevamente a un hombre acusado de prostituir a una joven
El acusado había engañado a la víctima haciéndose pasar por “vidente” y estableció con ella una relación sentimental
Fuero Penal - Ed. 3434 - 3434 - 26/ 05 /2017
  
Oficializan aumentos de prepagas para julio y agosto
Legislación Nacional - Ed. 3433 - 3433 - 24/ 05 /2017
  
Revocan nulidad oficiosa de pagaré de consumo
Si en la ejecución de un título de crédito se comprueba que subyace al pagaré una relación de consumo, ya sea porque surja por reconocimiento del propio actor, porque el pagaré ha sido efectuado con la información requerida por el art. 36 LDC, por surgir de la prueba obtenida como medida para mejor proveer, o de la audiencia fijada por el magistrado a estos efectos o porque lo ha planteado el demandado; y en segundo lugar si se verifica en el caso la infracción a la norma contenida en el art. 36 LDC que habilite la declaración de nulidad parcial o total del negocio jurídico, allí recién corresponde declarar la inhabilidad del título y rechazar la ejecución. No se desconoce las dificultades que se presentan para determinar la existencia de una relación de consumo a partir de un título de crédito como el pagaré. Pero esta circunstancia per se, no habilita a que, sin más recaudos, a partir de débiles indicios y amparados en el principio in dubio pro consumidor, nos transportemos al otro extremo del péndulo y presumamos que, ante la duda a todo tipo de título de crédito, le subyace una relación de consumo. Deben extremarse los recaudos a fin de procurar soluciones justas y fundadas. En el caso, donde el demandado no ha comparecido a estar a derecho, el hecho de que se trate de una proveedora profesional de servicios financieros y que su actividad es la del otorgamiento de créditos dinerarios, no resulta suficiente. Pues el hecho de que se trate de una sociedad prestamista no autoriza a concluir per se que los préstamos son otorgados a consumidores, en definitiva que se trate de un crédito de consumo garantizado con la firma del pagaré base de la acción. El hecho de ser el demandado una persona física no autoriza a presumir el carácter de consumidor pues, tal como lo establece la ley, tanto las personas físicas como las jurídicas pueden ser consumidores.
Fuero Civil - Ed. 3433 - 3433 - 24/ 05 /2017
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