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Rechazan que persona con capacidad restringida pueda votar
Si bien no se desconoce el derecho que asiste a las personas con discapacidad mental o capacidad restringida a participar, expresarse, ser escuchadas y a que su voluntad o preferencias sean tenidas en cuenta (art. 12 de la Convención de las Personas con Discapacidad), en el caso no puede autorizase a votar a quien fuera limitada su capacidad, ya que tanto dicha persona como su apoyo, el Sr. Defensor de grado y la Sra. Defensora Pública Curadora han consentido la sentencia de grado que valorando el informe interdisciplinario dispuso la mencionada restricción. De allí se desprende que el causante tiene antecedente de trastorno psicótico y trastorno depresivo, que no puede vivir sola; no puede cumplir con las indicaciones terapéuticas que se le efectúen ni prestar consentimiento informado; no puede trasladarse por sí sola en la vía pública, ni ejercer derechos electorales, no tiene aptitud para intervenir en juicios y requiere supervisión permanente para las actividades de su vida cotidiana, no puede cobrar y administrar un beneficio previsional o salario ni administrar o disponer de bienes. En base a estas consideraciones, teniendo en cuenta el estado de salud mental que presenta la causante se considera necesario mantener la restricción de su capacidad para ejercer el "derecho-deber" de votar. Ello pues, tal restricción debe serlo en la medida necesaria y apropiada para su bienestar (art. 1° de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas la Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, aprobada por la ley 25.280), proporcional y adaptada a sus circunstancias personales y sujeta a exámenes periódicos, habida cuenta que no debe sobreprotegerse a la persona pero tampoco desprotegerla respecto de actos de la importancia del sufragio
Fuero Civil - Ed. 3582 - 3582 - 29/ 12 /2017
  
Admiten cautelar tendiente a que Facebook y twiter eliminen material difamatorio
Corresponde ordenar cautelarmente a las empresas que administran las redes sociales que procedan a eliminar el material difamatorio vinculado al actor existente en los perfiles del demandado, pues el peligro en la demora se relaciona con posibilidad de agravamiento del daño, que se encuentra prima facie por la continuación de las reproducciones. Como consecuencia que el agravamiento del daño es por la reproducción del video en las redes sociales la medida se debe limitar en ese aspecto, ello teniendo en cuenta que resulta obvio que a los efectos de analizar la viabilidad de un planteo preventivo, el hecho de que el perjuicio ya haya comenzado a efectivizarse, facilitará su admisibilidad desde el punto de vista probatorio. En este tipo de acciones, el peligro en la demora y la verosimilitud del planteo cobran especial importancia, siendo que si el daño ya comenzó a producirse, tales extremos surgen in re ipsa
Fuero Civil - Ed. 3581 - 3581 - 28/ 12 /2017
  
La sustitución procesal de sociedad disuelta requiere conformidad de la contraparte
En tanto el 44 del CPCCN. establece que si durante la tramitación del proceso una de las partes enajenare el bien objeto del litigio o cediere el derecho reclamado, el adquirente no podrá intervenir en él como parte principal sin la conformidad expresa del adversario, dicha norma resulta aplicable al supuesto donde la sustitución de la parte encuentra su fundamento en la disolución de una persona jurídica, por lo que es necesaria la anuencia de la contraria caso contrario, el sucesor singular del contendiente deberá conformarse con la participación limitada que confieren los arts. 90, 1° y 91, primer párr. del CPCCN. En el supuesto que la otra parte se oponga al ingreso del nuevo sujeto como accionado principal, debe continuar con la intervención del anterior quien asume la calidad de sustituto procesal, ya que a raíz del acto de transmisión del derecho pierde su condición de titular de la relación jurídica sustancial y pasa a defender, en virtud del interés procesal derivado de las obligaciones de garantía que la ley le impone, los derechos del sustituido. Si bien no corresponde analizar las cuestiones inherentes a los alcances de la disolución y liquidación de la sociedad, que es materia ajena a este proceso, más esto no importa que pueda invocarse a efectos de modificar la calidad emergente de la posición en un litigio judicial, donde es menester que concurra el elemento volitivo de la otra parte. Tratándose de una mera facultad -no de una obligación- es imposible imponer coactivamente a los contrarios la condición de parte en el juicio
Fuero Civil - Ed. 3581 - 3581 - 28/ 12 /2017
  
Condena a APROSS a otorgar todas las prestaciones futuras para tratamiento de fibrosis quística
Sostener que una patología crónica que requiere de prestaciones de cumplimiento periódico no justifica una condena al cumplimiento de prestaciones futuras es contraria al fin tuitivo tenido en miras por el legislador al tiempo de reconocer a las personas con discapacidad y aquellas con enfermedades graves un sistema de protección integral, que como tal debe alcanzar a todos los tratamientos y medicamentos que requiera la actora.La amplitud de las prestaciones previstas en la ley 24.901 resulta ajustada a su finalidad, que es la de lograr la integración social de las personas con discapacidad. Esta solución es la que mejor se corresponde con la naturaleza del derecho cuya protección se pretende, que compromete la salud e integridad física de las personas, reconocido por los pactos internacionales (arts. 23 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por ley 23.849; art. 25, inc. 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y art. 12, inc. 2, ap. d, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,), de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional). A la luz de las normas referidas el hecho de que se reconociera a la actora el derecho a ser asistida en todos los tratamientos y medicamentos que dispusieran los médicos tratantes, no hacen más que tornar operativo el derecho a la protección y cobertura que se reconoce en el fallo.-
Fuero Civil - Ed. 3580 - 3580 - 27/ 12 /2017
  
La constitucionalidad de ley provincial sobre martilleros y corredores debe ser analizada por los jueces locales
Corresponde confirmar la sentencia que declaró la incompetencia de la justicia federal en las actuaciones en las que se perseguía la declaración de inconstitucionalidad de sendos artículos de la Ley provincial 7629/10, que establece el régimen legal de martilleros y corredores públicos y de corredores inmobiliarios de la Provincia de Salta, por considerarlos contrario al régimen establecido por el dec.-ley nacional 20.266/73, y a los arts. 14 y 16 de la CN., habida cuenta que el citado decreto-ley, que establece los presupuestos mínimos para esos profesionales, fue dictado en uso de las atribuciones conferidas por el art. 75, inc. 12 de la CN.
Fuero Civil - Ed. 3579 - 3579 - 26/ 12 /2017
  
Condenan a APROSS a brindar respirador portátil aunque no se agote la vía administrativa
El argumento de que el actor no “agotó la vía administrativa” debe rechazarse de plano, porque como en este caso lo que está en juego es el derecho a la salud del actor, este derecho podría resultar gravemente lesionado si él no cuenta con el respirador portátil requerido para el tratamiento de la patología descripta como esclerosis lateral amiotrófica (ELA) e insuficiencia renal crónica (IRC); por lo cual la provisión del respirador portátil en cuestión debe ordenarse en forma inmediata e impostergable. Por otro lado, el actor acompañó junto con el pedido de amparo, una síntesis de su historia clínica, el pedido de respirador portátil realizado por su médico tratante (reconocido por la declaración testimonial de éste último), sin que la demandada hubiera practicado prueba en sentido contrario; de modo que aquella no tenía derecho a alegar en este pleito (después de incorporada toda la prueba referenciada), que el actor no “agotó la vía administrativa”. Discutir el “agotamiento de la vía administrativa” como causal de inadmisibilidad del amparo sería plantear una “nulidad por la nulidad misma”, que violaría la doctrina que prohíbe el “excesivo rigor formal”. En este sentido la jurisprudencia ha considerado que la exigencia del reclamo administrativo previo constituye un excesivo rigor formal cuando se advierte su innecesariedad o ineficiencia. Por todo ello, debe considerarse que al actor le corresponde la provisión del respirador portátil solicitado; por lo cual, teniendo en cuenta la interpretación operativa que corresponde hacer del derecho a la salud en el marco de lo que se conoce como “tutela judicial efectiva”, debe entenderse que el agotamiento de la vía administrativa, resulta innecesaria en la especie, debiendo declararse la inaplicabilidad e inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley 9277, contrarias a la “operatividad” que tiene el derecho a la salud (arts. 25, inc. 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12, inc. 2, ap. d. del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de jerarquía constitucional: art. 75, inc. 22 CN.
Fuero Civil - Ed. 3578 - 3578 - 22/ 12 /2017
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