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Aun en supuestos de “no seguro” la aseguradora debe aceptar o rechazar la cobertura bajo sanción del art. 56 LS
Es procedente concluir que el silencio de la aseguradora implicó aceptación del siniestro pues, siendo que el plazo del art. 56 de la Ley 17.418 comprende todos los supuestos de exclusión de cobertura y que la citada en garantía al tomar conocimiento de la causa penal debió saber o presumir que el damnificado era hijo de un socio gerente de la empresa asegurada propietaria del rodado que protagonizó el accidente de tránsito, haciendo uso de las facultades que acuerda dicha ley debió pedir información complementaria para esclarecer el tema y, no habiéndolo hecho, corrió inexorablemente el plazo de la norma citada. Debido al contenido de la cláusula de exclusión de cobertura del seguro consistente en que el asegurador no cubrirá los daños sufridos por el cónyuge y los parientes del asegurado o del conductor hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, o, tratándose de una sociedad, de sus directivos, el plazo del art. 56 de la Ley 17.418 no puede contarse desde que la compañía tuvo conocimiento del siniestro sino desde que supo o debió saber que la víctima estaba comprendida dentro del vínculo de parentesco aludido, pues esa es la interpretación que de buena fe se impone en tanto tener conocimiento del siniestro (a raíz de la recepción de la denuncia), no necesariamente implica saber que en el caso el damnificado estaba incluido en el grado de parentesco referido
Fuero Civil - Ed. 3751 - 3751 - 10/ 10 /2018
  
Confirman cautelar y ordenan al RENAPER autorizar el uso de DNI a mujer peruana cuya carta de ciudadanía Argentina fue dejada sin efecto
Fuero Civil - Ed. 3751 - 3751 - 10/ 10 /2018
  
Colocar al consumidor en un derrotero de reclamos justifica la condena a daño punitivo
El daño punitivo es una pena privada que consiste en una suma de dinero suplementaria o independiente de la indemnización que le pueda corresponder a la víctima para reparar los daños sufridos que tiene por finalidad castigar una grave inconducta del demandado, hacer desaparecer los beneficios obtenidos a través de ella y prevenir su reiteración en el futuro. Admitida la finalidad de castigar inconductas -que la Ley se limita a perfilar sin caer en casuismo- y que la reparación del daño puede encaminarse por vías distintas previstas, también, en el propio ordenamiento de defensa de los consumidores, corresponde tener en cuenta la función de prevención del daño punitivo, que tiende a disuadir a los proveedores de bienes o servicios respecto de la adopción de conductas perjudiciales para los consumidores, sean éstas episódicas o se presenten de modo constante y permanente. En todos los casos en que deba apreciarse la aplicación de la multa civil, el factor de atribución impondrá detenerse en el concreto obrar del proveedor, para discernir si actuó con dolo, grave desaprensión o desinterés por los derechos e intereses ajenos o culpa. Esto implica admitir que la gravedad es relativa porque el elemento inexcusable es la acción -positiva u omisiva- en desmedro de los sujetos tutelados por el régimen de la LDC. Constituye un hecho grave susceptible de multa civil por trasgresión del LDC. 8 bis que exige un trato digno al consumidor, colocarlo en un derrotero de reclamos, en el que se haga caso omiso a la petición
Fuero Civil - Ed. 3750 - 3750 - 9/ 10 /2018
  
Autorizan a una adolescente a salir del país para visitar a su padre que estaba internado
El tribunal admitió el pedido de la joven, aunque su progenitor no podía prestar consentimiento para el viaje por su estado de salud
... - Ed. 3750 - 3750 - 9/ 10 /2018
  
El TSJ determinó que no corresponde dar intervención ad eventum al MPF en pagaré de consumo
No es posible inferir la calidad de consumidor exclusivamente a partir de ser, el ejecutado, una persona física o un particular que suscribe un pagaré en favor de una entidad financiera. Antes bien, sólo cuando la relación tenga por objeto un servicio destinado al consumo final entrarán a jugar los principios y normas protectorios que la Constitución Nacional y la Ley 24.240 consagran. Por cierto, en el particular caso del juicio ejecutivo ello estará, a su vez, condicionado a que el Juez que entienda en la causa admita tal grado de discusión en esa clase de procesos. Existe, por otra parte, un dato de la realidad del que no podemos prescindir, y es que en la mayoría de los casos el instrumento base de la ejecución no proporciona datos referenciales que puedan ser reveladores del negocio jurídico subyacente de manera que pueda conocerse que quien recibe el dinero de la entidad financiera lo hace en calidad de consumidor final. En este estado de cosas, no resulta posible calificar preventivamente y ad eventum como “ejecución de un pagaré de consumo” a cualquier juicio ejecutivo promovido por una entidad financiera que persiga el cobro compulsivo de un pagaré librado por un particular a los efectos de convocar al Fiscal en el decreto que despacha la ejecución. Sostener lo contrario sería caer inexorablemente en una injustificada generalización. Es por ello que no luce correcto ordenar de oficio y de modo preliminar la intervención del Ministerio Público Fiscal sobre la base de imaginar que estamos frente a un hipotético caso de pagaré de consumo. La no citación del Fiscal en el primer proveído no destierra su ulterior intervención; bastando la invocación por parte del ejecutado de alguna defensa vinculada al régimen tuitivo –y, por cierto, la aceptación del Juez que intervenga en el caso de esa amplitud discusoria en el marco de una ejecución- para proveer en lo inmediato su convocatoria
Fuero Civil - Ed. 3749 - 3749 - 8/ 10 /2018
  
Ordenan cautelarmente al PAMI la cobertura del servicio de comida diaria domiciliaria
Fuero Civil - Ed. 3749 - 3749 - 8/ 10 /2018
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