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Vía cautelar la CSJN obliga a una provincia a que arbitre los medios para garantizar el ingreso de los ciudadanos
Pese a que no pueden desconocerse las facultades con las que cuenta la Provincia de Formosa para establecer en su territorio las medidas de prevención que considere adecuadas en el contexto de emergencia sanitaria por la propagación del Covid-19, dichas potestades deben ejercerse de modo razonable y respetando siempre estándares constitucionales. Sin perjuicio de reconocer los propósitos de protección de la salud pública perseguidos por el ‘Programa de Ingreso Ordenado y Administrado’ instaurado por la provincia de Formosa durante la pandemia del Covid-19, lo cierto es que, en los hechos, las restricciones establecidas por las autoridades locales no superan el test de razonabilidad que establece el art. 28 de la CN., al suprimir libertades individuales más allá de lo tolerable; máxime si ya han transcurrido varios meses desde su implementación y sin que existan indicios de hasta cuándo se extenderán las restricciones al derecho a transitar libremente. Aun cuando pudiesen resultar adecuadas a la tutela de la salud pública, las medidas adoptadas por las autoridades de Formosa aparecen en su puesta en práctica, prima facie, como limitaciones irrazonables a la autonomía personal frente a la demora que se produce para concretar el ingreso de quienes lo requieren, incluso, de aquellas personas que, de acuerdo con la propia reglamentación local, se encontrarían dentro de los casos prioritarios. Aun cuando es cierto que no hay derechos absolutos, no menos cierto es que el poder del gobierno para recortarlos de acuerdo con sus necesidades, sean o no de emergencia, es mucho menos que absoluto; los tribunales deben examinar con creciente rigor las intervenciones en los derechos individuales, a medida que estas se tornan más intensas y prolongadas, para establecer no solo si está justificada la validez en general de la medida, sino también su alcance
Fuero Civil - Ed. 4224 - 4224 - 25/ 11 /2020
  
Rechazan legitimación a asociación de consumidores en acción colectiva para reparación de daño directo patrimonial
Para otorgar legitimación a la actora para accionar en defensa de un universo de consumidores con base en derechos individuales homogéneos, la Corte estableció que debían darse tres (3) elementos: 1) la verificación de una causa fáctica común, es decir la existencia de un hecho que causa lesión a varios derechos individuales con fuerte interés estatal en su protección y su trascendencia social o en virtud de las características de los sectores afectados; 2) la pretensión debe estar enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho que involucra a la sociedad en su conjunto y no en lo que cada individuo puede peticionar; 3) el interés individual considerado aisladamente, no debe justificar la promoción de la demanda. No se aprecian configurados los tres (3) requisitos que son necesarios para caracterizar a esta ´categoría´ de derechos denominada ´derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos´, cuando del análisis del objeto de esta acción, se extrae que pese a tratarse de derechos individuales, no existe un fuerte interés estatal en su protección, sea por su trascendencia social y/o en virtud de las particulares características de los sectores afectados. La cuestión se mueve en la esfera de intereses individuales exclusivamente patrimoniales, ajenos a sectores vulnerables. Resulta improcedente la acción de incidencia colectiva intentada cuando de los términos de la demanda no surge que la pretensión esté concentrada en los efectos comunes del actuar cuestionado, sino que más bien, se dirige precisamente a aquello que cada individuo puede peticionar, es decir, no, en el aspecto colectivo de los efectos del hecho que motivó esta acción. Véase que parte del objeto de la demanda radica en el pago de las indemnizaciones que los asegurados no habrían percibido, cuestión que, claramente, involucra un derecho patrimonial individual de cada uno de ellos, en otras palabras, la pretensión se relaciona con el daño diferenciado que cada sujeto involucrado en la demanda ha sufrido, lo cual es una materia que, además, se encuentra sujeta a cuestiones de hecho y prueba que resultarán diferentes en cada caso particular y no pueden ser analizadas en conjunto en un solo proceso
Fuero Civil - Ed. 4223 - 4223 - 24/ 11 /2020
  
Absuelven por la duda a una mujer acusada de instar a su hijo inimputable a matar a su pareja
Para el TSJ, las pruebas no permitían descartar que la imputada haya sido víctima de violencia de género. Tampoco se podía desestimar que ella o su hijo hayan actuado en legítima defensa
Fuero Penal - Ed. 4223 - 4223 - 24/ 11 /2020
  
Declaran la limitación de capacidad de hombre de edad avanzada y designan familiares de apoyo
Remarcan que la decisión se tomó en beneficio de la persona y que ello exige respeto por su dignidad y autodeterminación. Explican el alcance del fallo a través de párrafos de lectura fácil
Fuero Civil - Ed. 4222 - 4222 - 20/ 11 /2020
  
Responsabilizan a depositario de obras de arte al incendiarse el inmueble en el que eran guardadas
La depositaria es responsable por la destrucción de las obras de arte durante un incendio, ya que una de las obligaciones más importantes del contrato de exhibición de obras de arte es la de conservación y custodia de los trabajos del artista; una obligación de ese tipo implica la presunción de culpa en caso de pérdida o deterioro de la cosa y un estándar de conducta exigible que es superior al establecido en el art. 2202 del CC. No es relevante que la demandada haya contratado a un tercero -dueño del inmueble donde se guardaban las obras de arte- para cumplir con una parte de sus obligaciones, pues ello debe ser encuadrado como un modo subsidiario de ejecutar el plan prestacional que no la libera frente a la acreedora. En los contratos de exhibición de obras de arte -atípicos-, la circunstancia de que falte el documento escrito no implica, necesariamente, que el contrato de exhibición no exista, sino que cobran relevancia los hechos concomitantes o sobrevivientes al tiempo del alegado convenio pues aunque ellos, considerados aisladamente, no trasunten el texto de la oferta o de la aceptación, pueden evidenciar la existencia del contrato si versan sobre comportamientos de las partes que sólo guardan coherencia con la asunción recíproca de obligaciones. Aunque la excepción de falta de legitimación pasiva prosperó respecto de la codemandada, la complejidad de la situación generada por la falta de un documento que instrumentara por escrito el contrato de exhibición, y por los ambiguos términos del contrato de depósito, justifican apartarse del principio objetivo de la derrota e imponer las costas en el orden causado
Fuero Civil - Ed. 4222 - 4222 - 20/ 11 /2020
  
Determinan despido discriminatorio de trabajadora por sus padecimientos físicos
Es procedente considerar que el despido configuró un acto discriminatorio, al estar acreditado que la empleadora dispensó a la trabajadora un trato hostil y denigrante que resulta verosímilmente vinculado a sus padecimientos físicos, a lo cual se adiciona que la accionada tampoco logró demostrar la falta total de relación entre la enfermedad y la decisión extintiva, todo lo cual termina por evidenciar una clara e injustificada actitud contraria al art. 16 y a las reglas que emanan de los tratados enumerados en el art. 75, inc. 2 , de la CN., del Convenio OIT N° 111 , de la Ley 23.592 y del art. 17 de la LCT que, configura un claro ilícito extracontractual cuyas consecuencias deben repararse al margen de la tarifación prevista en la LCT. El trabajador que alega la configuración de un despido discriminatorio debe aportar indicios razonables de que el acto empresarial configuró por ejemplo, un obrar discriminatorio por su enfermedad y/o que fue víctima de un trato hostil y denigrante, y para ello no basta una mera alegación, sino que se debe acreditar la existencia de elementos que, aun cuando no creen plena convicción sobre la existencia de actos u omisiones atentatorios contra el derecho fundamental, induzcan a creer racionalmente justificada su posibilidad. Quienes ocuparon los cargos de presidente y vicepresidente de la sociedad empleadora durante la relación laboral deben ser condenados junto a ésta en forma solidaria por el despido de la trabajadora, en tanto la sociedad omitió registrar la correcta fecha de ingreso, sin que se hayan argumentado razones suficientes como para considerar que sus titulares puedan haber tenido una equivocación que razonablemente justifique su actitud, todo lo cual persuade que aquellos tuvieron la deliberada intención de no registrar la correcta fecha de ingreso, irregularidad que mantuvo durante toda la vigencia del vínculo, a fin de violar la Ley y de perjudicar a la actora y al sistema de seguridad social
Fuero Laboral - Ed. 4221 - 4221 - 19/ 11 /2020
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