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Resultados : 7 a 12 de 2166.
  

Los defensores del pueblo provinciales no tienen legitimación activa para cuestionar normas dictadas por autoridades nacionales
Lo ratificó la Corte Suprema ante un planteo del Defensor del Pueblo del Chaco
Fuero Administrativo - Ed. 3788 - 3788 - 5/ 12 /2018
  
Determinan competencia federal en demanda contra obra social
En los presentes (donde se demandó a la obra social a los fines de poder continuar la afiliación), la pretensión de la actora debe ser analizada a la luz de las disposiciones que prevén tanto la Ley de Obras Sociales Nº 23.660, como la Ley del Sistema Nacional de Salud Nº 23.661, leyes -ambas- de indudable naturaleza federal, por lo cual todo reclamo en ella basado es de competencia de los tribunales federales. En efecto, a partir del dictado de. Art. 38, Ley 23.661, que determina expresamente la competencia federal en los casos en que sean demandadas las obras sociales, éstas se encuentran sometidas a la jurisdicción de los tribunales federales, pudiendo ellas renunciar a tal fuero cuando actuaren como actoras. Ello se justifica desde que la materia federal de las leyes 23.660 y 23.661 está configurada por la instrumentación y planificación de los servicios médico asistenciales y por las prestaciones de salud que el Congreso de la Nación a través de esas normativas puso a cargo de las obras sociales. A más de ello, a nivel jurisprudencial se ha resuelto que corresponde que las cuestiones concernientes al alcance de la cobertura médico –asistencial, que las obras sociales o prestadoras privadas de servicios médicos brindan a sus afiliados, sean ventiladas por ante la jurisdicción federal en razón de la materia, en tanto se encuentran regidas por las normas que regulan el Servicio Nacional de Salud de indudable naturaleza federal
Fuero Civil - Ed. 3788 - 3788 - 5/ 12 /2018
  
La CSJN rechaza responsabilidad subsidiaria de la Superintendencia de Seguros
No resulta atendible responsabilizar subsidiariamente a la Superintendencia, por los montos insolutos de una condena que alcanza al responsable del hecho ilícito -compañía de turismo- y a la aseguradora en el marco de la póliza, cuando dicha solución no encuentra sustento en el alcance de las atribuciones legalmente acordadas para el ejercicio de su poder de policía. La genérica imputación basada en el art. 25 de la Ley 20.091, al referirse estrictamente a la protección de las condiciones contractuales en defensa de su equidad, no permite atribuir responsabilidad a la Superintendencia de Seguros de la Nación en los términos pretendidos por la parte actora, máxime cuando los interesados no han demostrado que en el caso el límite de responsabilidad contractual desnaturalizaba el seguro, lo tornaba inútil o carente de toda finalidad, sino que su reclamo se basa centralmente en la circunstancia sobreviniente de que la empresa de transporte demandada se encuentra en una supuesta crisis que obsta a que satisfaga por sí la reparación plena de los derechos lesionados. El mandato del art. 25 de la Ley 20.091, que establece que la Superintendencia debe velar que las condiciones contractuales sean equitativas, fijó una pauta genérica sobre cómo deben ser regulados los contratos de seguro, pero en modo alguno puso en cabeza de la Superintendencia un mandato expreso y determinado sobre el contenido de los contratos de seguro, por lo que no puede afirmase la existencia de una falta de servicio imputable a ese organismo en los términos del art. 1112 del antiguo CC., de conformidad con la jurisprudencia de la Corte
Fuero Civil - Ed. 3787 - 3787 - 4/ 12 /2018
  
Un fallo exhorta a Legislatura y Ministerio Público a que fijen reglas para aplicar figura del arrepentido
El juez Peralta no hizo lugar a un pedido de homologación del acuerdo de colaboración, porque “aún no ha tenido recepción en el ordenamiento procesal local”
Fuero Penal - Ed. 3787 - 3787 - 4/ 12 /2018
  
Condenan a resarcir el daño moral derivado de pérdida de historia clínica de hijo fallecido
El extravío de la historia clínica es un hecho antijurídico y “potencialmente dañoso”, por ser violatorio de la obligación que pesa, en el caso, sobre el Hospital, de tener que conservar y custodiar, en calidad de depositario las historias clínicas, las cuales, en rigor, pertenecen al paciente (arts. 14 y 18 Ley 26.529 de “Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud”; 12, 2°, de su Decreto Reglamentario 1089/12; art. 9 del Decreto Reglamentario Ley Prov. 6222 “Del ejercicio de las profesiones y actividades relacionadas con la salud”; 6, inc. m) de la Ley Prov. 8835 “Carta del ciudadano”). El daño provocado por la omisión de entregarle a los padres del menor, la historia clínica, es “in re ipsa”, y en la especie el daño se acrecienta, si se tiene en cuenta que el menor falleció, mientras era atendido en el Hospital demandado; lo cual demuestra la importancia que adquirió la historia clínica para que los padres pudieran conocer los tratamientos médicos que le fueron practicados a su hijo y las causas de su fallecimiento. Además, el daño extrapatrimonial sufrido por los padres por el extravío de la historia clínica, es comprobado por los dictámenes psicológicos. En base a la prueba analizada y al evidente dolor y angustia que provocó en los padres del menor, el extravío de la historia clínica, el monto en concepto de daño moral o extrapatrimonial debe fijarse en la suma de sesenta mil ($60.000), para cada progenitor, con más intereses.
Fuero Civil - Ed. 3786 - 3786 - 1/ 12 /2018
  
Según la CSJN prima el interés superior del niño sobre las irregularidades producidas en el marco de una guarda con fines de adopción
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró procedente un recurso extraordinario presentado por un matrimonio en el marco de un proceso de adopción en el cual se discute la situación legal de una menor que desde hace nueve años se encuentra bajo su guarda
Fuero de Familia - Ed. 3786 - 3786 - 1/ 12 /2018
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