Noticias                  
  Leyes                     
  Fallos                     
  Titulares                
  Opinión                  
  Ed. Anteriores        
  Buscador                 
 
Usuario
Contraseña
 
Para recibir información actualizada sobre las nuevas leyes y fallos que aparecen, suscríbase ahora a nuestro diario.
 
 
  
 
Palabra Clave
Seleccione en que area desea realizar la búsqueda
Seleccione el año de búsqueda

Resultados : 7 a 12 de 1812.
  

En virtud de incendio de locales comerciales condenan a resarcir el daño derivado a imagen comercial de sociedad
La persona jurídica no puede ser pasible de daño moral en su aspecto subjetivo, vale decir, en el puramente afectivo. Sin embargo, la persona jurídica puede sí ser damnificadas en la parte social de su patrimonio, esto es, pueden ser pasibles de daño moral objetivable, vale decir, el que repercute en el patrimonio del sujeto y puede ser apreciable en dinero. La reparación de este daño procede ya que las personas jurídicas, provistas de subjetividad jurídica poseen atributos de naturaleza extrapatrimonial (prestigio, crédito comercial, derecho al nombre) que les son reconocidos para el logro de sus fines específico. La lesión a la reputación comercial de una persona jurídica puede producir daños que no se verifican en el corto o mediano plazo, si se considera que se trata en el caso de un supuesto en el que la actividad comercial de la actora consiste en alquilar locales, para lo que indefectiblemente se le exigirá que presenten condiciones de seguridad adecuada. Tal vez el efecto de un impacto negativo en la reputación no produzca una merma inmediata en las ventas de la sociedad y el daño patrimonial comprobable requiera de ciertas actividades de los competidores. La reputación comercial de una persona jurídica puede ser repuesta (la vuelta de las cosas al estado anterior, de la que habla el Código, art. 1740 del C.C.yC.) de una manera más eficaz a través de la indemnización de la pérdida de chances contractuales
Fuero Civil - Ed. 3593 - 3593 - 19/ 02 /2018
  
Según la Corte, un representante sindical solo puede ser privado de estabilidad si el empleador demuestra que hay motivo válido para suspenderlo o para despedirlo
Fuero Laboral - Ed. 3593 - 3593 - 19/ 02 /2018
  
Rechazan responsabilidad del estado ante detención por error
En principio la detención por averiguación de antecedentes no genera derecho a resarcimiento, por tratarse de una carga pública que todo ciudadano debe soportar como consecuencia de vivir en una comunidad jurídicamente organizada máxime en un caso como el presente en el que el número de documento del actor coincidía con el de la persona cuya captura fue solicitada por un Tribunal de la Provincia de Entre Ríos. El error en la carga de la identificación (D.N.I.) del pedido de captura provino del Juzgado oficiante de Entre Ríos, por lo cual, tanto el personal policial de esta provincia, como el Fiscal interviniente, se limitaron a cumplir -en legítimo ejercicio de su autoridad y cargo-, con la orden de captura emanada de aquella provincia, verificando si la misma se encontraba vigente y si los datos identificatorios de la persona que figuraban en ella eran los correctos cumpliendo con las obligaciones que les impone la ley con la mayor celeridad posible. Más allá de que tiene dicho el Máximo Tribunal de la Nación-, en un caso similar que "…si la detención no se fundó en una conducta sospechosa sino en un error de homonimia, la pueril referencia a la mala suerte hecha por la sentencia recurrida y la consideración del poco o mucho tiempo que permaneció detenido injustificadamente, no basta para reemplazar las normas del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y políticos, en cuanto dispone que toda persona que haya sido detenida o presa ilegalmente, tendrá el efectivo derecho a obtener una reparación…", es claro que el responsable en el caso de la errónea emisión de la orden de captura bajo en número de documento del actor no ha sido la demandada que actuó en cumplimiento de su cargo, sino que fue el Juzgado de la Provincia de Entre Ríos de quien provino la misma
Fuero Civil - Ed. 3592 - 3592 - 16/ 02 /2018
  
Condenan por mala praxis a sanatorio por deficiente colocación de sonda gástrica
Corresponde responsabilizar a los profesionales del sanatorio demandado que intervinieran en la colocación de la sonda nasogástrica a la madre de los actores pues, incurrieron en mala praxis médica, ya que ha quedado demostrado que quien la instaló -en forma irregular no se lo individualiza en la historia clínica- sea porque abordó la práctica incorrectamente por la vía aérea o porque perforó el esófago, provocó un neumotórax traumático que derivó en un cuadro séptico y provocó la muerte de la paciente, máxime cuando no se siguió como era de buena práctica el procedimiento a través de radioscopia para asegurarse que la colocación era correcta y no se ordenó la obtención de una radiografía antes de proceder a alimentar a la enferma, circunstancias que revelan la negligencia profesional del sanatorio. Para que quede comprometida la responsabilidad del médico por los hechos cometidos en el ejercicio de su profesión, el paciente debe demostrar la culpa en la realización de la atención médica prestada, la existencia del daño que le hubiere sobrevenido a causa de ese hecho y la relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño experimentado, y que basta que alguno de esos requisitos falle para que el profesional quede exento de responsabilidad por las consecuencias de su actividad
Fuero Civil - Ed. 3591 - 3591 - 15/ 02 /2018
  
Según el TSJ, el tribunal no puede rechazar expedición de copias del art. 124 C.A. por honorarios de ejecución de sentencia
Conforme el art. 38, CPCC, mediando requerimiento de parte interesada, constituye inexcusable deber del tribunal proveer copia de las actuaciones judiciales que tramitan ante su sede, no pudiendo -al menos en principio- rehusar su expedición, ni la certificación de las circunstancias que informe la causa. Por tanto, la inteligencia que lo preside torna prima facie inviable toda alternativa de que los tribunales se irroguen la potestad de denegar derechamente -y con carácter definitivo- el despacho de las copias y certificaciones que se les soliciten. Máxime cuando -como acontece en el caso- la negativa se funda con exclusividad, en reparos absolutamente ajenos al estrecho margen de actuación que habilita el simple requerimiento de copias y/o certificados. Denegarla frente al temor de munir al abogado de un “título” para promover el juicio ejecutivo autónomo, cuando le estaría vedada en el caso el ejercicio de la opción que prevé el art. 124, C.A., se asienta sobre una errada concepción acerca de la eficacia jurídica atribuible a la constancia de firmeza, ejecutoriedad y cargo de pago de los honorarios profesionales regulados judicialmente. El verdadero “título” de la ejecución arancelaria es la propia resolución judicial regulatoria, y no la certificación despachada con referencia a ella, que -sabido es- tan sólo da cuenta de su estado y de la identidad del sujeto obligado al pago de los estipendios que allí se fijan. Por lo demás, las objeciones -tanto jurídicas cuanto axiológicas- que, en cada caso particular, pudiere merecer la elección de la vía ejecutiva para el cobro del crédito arancelario de que se trate, recién habrán de adquirir virtualidad una vez que el abogado haya hecho ejercicio efectivo de la opción contemplada en el art., 124, C.A., oportunidad para la cual debe quedar diferida la dilucidación del tópico
Fuero Civil - Ed. 3590 - 3590 - 14/ 02 /2018
  
Si se jubila por invalidez, el empleador no debe indemnizar como si fuera un despido sin causa
Tras declarar inconstitucional una norma de la Ley de Contrato de Trabajo, la Cámara fijó el monto en la mitad de lo que se prevé para la hipótesis del despido incausado
Fuero Laboral - Ed. 3590 - 3590 - 14/ 02 /2018
[<< Anterior]  [Siguiente >>]
 
| Home | Suscriptores | Contacto |
| Noticias | Leyes | Fallos | Titulares | Opinión | Ed. Anteriores | Buscador |