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El TSJ en pleno, confirmó rechazo liminar de amparo en contra de ley que modifica condiciones de haber jubilatorio
En el caso, los actores accionan por vía de amparo en contra de la Provincia de Córdoba, solicitando la declaración de inconstitucionalidad del art. 2 de la Ley n° 10.333 que sustituye el art. 46 de la ley 8024, a los efectos de que mediante dicha declaración no se modifique el haber jubilatorio. Tal pretensión de condena no puede ser opuesta a la Provincia de Córdoba por no revestir el carácter de autoridad de aplicación de las leyes cuya constitucionalidad se impugna. En efecto, la entidad que tiene a su cargo la administración y gestión del Régimen Previsional de la Provincia es la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba (arts. 3, Ley 5317 y 118, Ley 8024 t.o. por Decr. Nº 40/2009), institución que, a su vez, reviste la calidad de descentralizada y autárquica, con personalidad jurídica propia e individualidad financiera (artículo 2 Ley 5317), por lo que resulta ser una persona jurídica distinta del Estado Provincial y, por lo tanto, no se identifica con él. De conformidad a lo dispuesto por la normativa citada, la Administración Central no integra la relación jurídica sustancial. Dicha conclusión no se modifica el pedido de declaración de inconstitucionalidad de normativa previsional, ya que sobre este aspecto no cabe calificarlo como parte adversa en tanto no es el deudor de los ajustes previsionales acerca de los cuales se esgrime la pretensión. A mayor abundamiento, no surge de modo palmario, ostensible, patente, claro o inequívoco la arbitrariedad ni la ilegalidad que el accionante le atribuye a la normativa impugnada y que es requisito de procedencia de la acción. Se trata de un acto dictado por el Poder Legislativo local respecto del cual la parte actora no denuncia vicios en el procedimiento de formación y sanción, y el tema que aborda integra la competencia constitucionalmente asignada al órgano (artículo 104, inc. 19, Const. Pcial.); y ni la irretroactividad que denuncia, ni la irreductibilidad que invoca surgen con el grado de evidencia requerido para habilitar el remedio extraordinario que intenta. Por el contrario, su determinación requiere la formulación y el examen de toda una trama argumentativa, elaborada con el aporte de las partes y de los tribunales intervinientes, y apoyada en elementos probatorios de diversa naturaleza que exceden el limitado marco de la acción interpuesta, lo que conlleva necesariamente su rechazo
Fuero Civil - Ed. 3432 - 3432 - 23/ 05 /2017
  
Confirman intervención del Ministerio Público Fiscal en pagare de consumo
El plexo consumeril atraviesa todo el ordenamiento jurídico. La sanción de las Leyes 26.361, 26.993 y el Código Civil y Comercial de la Nación establecen un núcleo duro de tutela al consumidor, que implica que el Derecho del Consumidor atraviesa todo el sistema normativo, incluyendo situaciones que antes no se encontraban previstas. Si bien en el proceso ejecutivo la regla es la limitación cognoscitiva con relación al título, es posible y de hecho la jurisprudencia así lo viene entendiendo, ingresar a la relación de consumo, llegándose incluso a anular cláusulas o incluso títulos de créditos. Siguiendo tal paradigma, ante la mera posibilidad o duda de que una relación jurídica se encuentre comprendida en la legislación aplicable a los consumidores, se debe prever la intervención del Ministerio Fiscal, a los fines de salvaguardar esa relación, evitar nulidades y desequilibrios de poder entre las partes. Por otro lado la intervención aludida no trae aparejada una dilatación del proceso, puesto que en los hechos solo implica algún traslado a los fines que emita opinión (la que se sabe no es vinculante) y notificaciones de acuerdo a la forma establecida en el art. 154 del C.P.C., lo cual de ningún modo lentifica o entorpece el procedimiento, ni puede ser utilizado como justificativo para no darle intervención al Ministerio Público. A la luz del art. 42 de la Constitución Nacional y lo dispuesto por el art. 52 del estatuto consumeril, el Ministerio Público Fiscal actúa en defensa del interés público. De tal manera, ante la sola posibilidad que resulte aplicable la legislación tuitiva, es preciso que ese sujeto procesal intervenga en la causa, pues-eventualmente- pueden verse comprometidas normas de orden público, estatuidas en defensa del supuesto consumidor
Fuero Civil - Ed. 3431 - 3431 - 22/ 05 /2017
  
El TSJ ratificó que CORMECOR no puede avanzar con las obras civiles vinculadas con la planta de residuos
El cuerpo confirmó parcialmente la medida cautelar y remitió la causa a la Cámara Contencioso Administrativa a la que ha recomendado una “pronta resolución” del fondo de la cuestión
Fuero Administrativo - Ed. 3431 - 3431 - 22/ 05 /2017
  
Rechazan acción resarcitoria de quien se cayó en local comercial por piso encerado
En el caso, el piso del negocio era de madera -parquet- y se encontraba encerado en el momento en que se produjo el accidente. Así, la circunstancia que el piso haya estado encerado no se discute. Sin embargo, tal característica del parquet pudo haber sido una condición para el resultado dañoso, más no se ha probado que hubiera sido su causa, único fenómeno este último por el cual debería responder la demandada. Debe establecerse claramente que un piso, aun excesivamente encerado -circunstancia de hecho que no se ha demostrado-, es una cosa inerte. La intervención de la cosa es activa cuando está en movimiento mientras que es pasiva cuando está inerte. En este último caso, aunque en definitiva se aplica también el art. 1113, 2º parr., 2º parte del Código Civil, recae sobre la víctima la carga de la prueba del comportamiento o posición anormal de la cosa. Si bien se entiende que la circunstancia de que la cosa sea inerte no impide valorarla como riesgosa o viciosa en los términos de la norma referida, pues tales objetos son portadores de peligro estático y pueden constituirse en dañosos, no es menos cierto que debe valorarse en cada caso la operatividad probable de la cosa en cuanto elemento generador de daños. Conforme lo expuesto, pesaba sobre la actora, quien alegó que el piso se encontraba excesivamente encerado, demostrar dicho extremo fáctico, del que dependía que pudiera considerarse que el suelo del negocio, por sus características, se había tornado en una cosa riesgosa o viciosa por la presencia de cera excesiva sobre el parquet. No se tienen elementos probatorios capaces de generar una convicción, conforme a la sana crítica racional o las reglas de la experiencia, en punto a que un piso encerado sea capaz de provocar que una caída de tales características que quien la padece sufra una incapacidad parcial del 15 % de la T.O. Tampoco se ha probado el exceso de cera en el piso ni, en consecuencia, su incidencia causal en el accidente
Fuero Civil - Ed. 3430 - 3430 - 19/ 05 /2017
  
La Cámara Federal ordenó que el régimen de costas fijado en los considerandos de la sentencia es válido pese a habérselo omitido en la resolución
Fuero Civil - Ed. 3430 - 3430 - 19/ 05 /2017
  
Para el TSJ, la modificación del plazo de perención en ejecuciones fiscales deviene inmediatamente aplicable
El instituto de la caducidad de instancia comporta una situación jurídico-procesal que no se constituye en forma instantánea en un solo acto, sino que al contrario se va formando a través de varios presupuestos que se van verificando a lo largo del tiempo, y es la manifestación de voluntad del litigante interesado en obtener la actuación del mismo el requisito final que determina el perfeccionamiento de la perención y provoca la extinción anticipada de la relación procesal en desarrollo. Se configura así un típico caso de situación jurídica que se encuentra en curso de constitución o en formación, respecto de las cuales resulta indudable que quedan sometidas a los nuevos preceptos legales, los que de esta manera adquieren eficacia inmediata sobre ellas y son los que determinan la validez de las mismas y las consecuencias de derecho que habrán de derivarse. Igual solución se impondría aún en la hipótesis de que el término legal que instituía la norma general ya hubiese transcurrido íntegramente al tiempo de entrar a regir la nueva ley, pero por su lado la parte no hubiese acusado todavía la caducidad dejando que el proceso mantuviera existencia. Incluso en estas condiciones la situación extintiva en que consiste la perención se hallaría en gestación en tanto no se había verificado todavía uno de los elementos esenciales para que ella se concrete, esto es, la petición formal del litigante interesado. Por eso también aquí se impone la aplicación inmediata de la nueva norma de ley y tampoco resultan afectados “derechos adquiridos” protegidos por la Constitución. Distinto sería, si el plazo de inactividad que requería el código común hubiera vencido y el litigante ya hubiese manifestado su voluntad de ampararse en la perención antes de iniciarse la vigencia del art. 5 quinquies. En este estado la aplicación del art. 5 quinquies y la decisión de desestimar el acuse de perención y de dejar subsistente el proceso, comportaría convalidar una retroactividad que vulneraría una situación jurídica que en su momento se constituyó válidamente en función de las normas entonces en vigor, lo que significaría un quebrantamiento inadmisible de la garantía constitucional consagrada en el art. 17 de la Ley Suprema
Fuero Civil - Ed. 3429 - 3429 - 18/ 05 /2017
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