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Invalidan ejecución fiscal por notificarse al domicilio tributario y no al real
La definición del domicilio tributario del art. 32 del C.T.M. guarda estrecha relación con la noción de domicilio real que prevé el art. 73 del CCyC. Ambas disposiciones aluden a la residencia habitual de la persona humana como forma de determinar su domicilio. Este elemento objetivo de la residencia va unido a la intención de permanecer en el lugar y constituir allí el centro de las relaciones jurídicas aunque el designio no lo sea para siempre o por tiempo indefinido. La necesidad de la intención surge del art. 77 del CCyC. El cambio de domicilio resulta del dato objetivo del traslado de la residencia de un lugar a otro con ánimo de permanecer en ella. De allí se colige que, para el C.T.M., el concepto de domicilio tributario es -en relación a las personas humanas- equivalente al domicilio real del art. 73 del CCyC, esto es, el lugar de su residencia habitual. El Fisco debe -para ejercer sus atribuciones en orden a la recaudación de los impuestos- extremar los recaudos y diligencias necesarias para garantizar que las notificaciones sean cursadas al verdadero domicilio tributario del deudor. En el caso no se trata de una disputa entre el “domicilio fiscal vs domicilio real” sino de desentrañar el verdadero sentido que el art. 32 del C.T.M. (Ley 10.363. TO 2007) pretende darle al domicilio tributario a los efectos de la notificación a los contribuyentes de la existencia de un juicio en su contra. Para la minoría, si el demandado mudó su domicilio, le pesaba la obligación estatuida por el art. 44 del C.T.P. de comunicar cualquier cambio de domicilio dentro de los quince días de efectuado, quedando obligada la Dirección a tener en cuenta el cambio comunicado, únicamente si la modificación fuera informada de la manera establecida, o de cualquier manera, con tal que el ejecutado pueda demostrar en la litis que la notificación cursada era errónea al domicilio denunciado, nada de lo cual sucedió en el caso
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